Entra la crisis y la oportunidad. La disolución del régimen de 1978 y las nuevas formas de la política

Emmanuel Rodríguez López, Observatorio metropolitano

El 15M: la crisis económica se convierte en crisis política

En la tarde del 16 de mayo de 2011, primero cientos, luego decenas de miles de personas, se arremolinaron en torno a la madrileña Puerta del Sol. Protestaban contra la represión del gobierno. Tras una impactante manifestación convocada el día anterior por una plataforma con un nombre que se pronuncia como un grito, Democracia Real ya!, unas pocas decenas de jóvenes habían intentado acampar en el centro de la plaza. La consigna: «¡Como en Tahirir !» Tras el intento del día anterior, esa noche fueron varios cientos, no hubo desalojo. En los días siguientes, concentraciones más o menos similares acabaron en la constitución de más de 200 campamentos en otras tantas poblaciones españolas.

El movimiento 15M, conocido internacionalmente como los «indignados», tuvo la virtud de adaptar las formas de la insurrección pacífica de países como Egipto y Túnez al contexto de la orilla norte del Mediterráneo. En pocas semanas, su impacto se dejó sentir en Grecia con los aganaktisménoi de Plaza Syntagma, así como en Portugal, Italia y algunas ciudades francesas. Fueron, entre otros muchos, grupos de estudiantes y jóvenes profesionales españoles emigrados a Nueva York los que en principio animaron el Occupy Wall Street. Como acontecimiento, irrupción excepcional, el 15M desveló la posición del eslabón español en el ciclo de movilización global que se inició en 2011 casi en inmediata respuesta al cierre de la solución keynesiana a la crisis europea y a la imposición de las políticas de austeridad.1 En clave doméstica, el 15M fue el punto de inflexión en la descomposición interna del régimen político español.

Convertido en parteaguas en la historia reciente del país, el movimiento de los indignados se extendió durante meses con ocupaciones de plazas, enormes manifestaciones y acciones contra la clase política, dando comienzo a un ciclo de movilización sin precedentes desde al menos los años setenta. Los puntos calientes tenían que ver con los efectos del modelo de crecimiento y con las políticas de austeridad: el movimiento contra los desahucios por las ejecuciones hipotecarias y las «mareas» en defensa de la educación y la sanidad públicas. Pero el incremento de las movilizaciones tuvo también otro efecto interesante; escaló rápidamente los niveles de la interlocución política, para encontrarse con los poderes que realmente operaban sobre el país. Sin la protección del BCE y atado por la creciente exposición de la deuda pública a los ataques de los operadores financieros, en septiembre de 2011, el gobierno español aceptó finalmente reformar el artículo 135 de la Constitución. El pago de la deuda se había elevado, por exigencia alemana, al rango de máxima prescripción legal.

Ciertamente, desde el año anterior, el gobierno español se había visto cada vez sometido a u la intervención de la Comunidad Europea. Aunque los instrumentos de control no eran directos como en los rescates de Grecia, Portugal o Irlanda, ni habían recurrido al expediente de un gobierno tecnócrata como en Italia, esta intervención se ejerció de una forma constante, creciente y eficaz. Los medios fueron fundamentalmente dos. El primero se concentró en fijar los límites al déficit público de forma correlativa a la presión sobre los costes de la deuda pública en el mercado secundario. Estos límites sirvieron también para pautar las reformas que debía aplicar el gobierno español. Empujado por esta doble presión, la posición del gobierno se fue desplazando a fin de negociar ambos capítulos de una forma en la que el aumento de los techos de déficit sólo se podía compensar con la programación de una serie de reformas estructurales que afectaban a casi todos los aspectos de la regulación estatal. Desde 2010 se reformó así el sistema de pensiones aumentado la edad de jubilación, se redujo la protección laboral en relación al desempleo y el despido y se elevaron los niveles precariedad de los trabajadores con figuras contractuales más flexibles, al tiempo que se ordenaban fuertes incrementos de los impuestos indirectos.

El otro mecanismo, más opaco, tiene que ver con la intervención sobre el abigarrado sector financiero español. En este caso, el instrumento ha pasado por la intervención directa de la Unión Europea sobre la industria bancaria. El mecanismo quedó definitivamente cerrado con la firma del Memorandum of Understanding durante el verano 2012. Este acuerdo estableció los criterios de evaluación sobre la viabilidad de las entidades financieras españolas, particularmente las cajas de ahorro, al tiempo que estipulaba las condiciones de la ayuda europea. El documento dio luz verde a la creación de un gigantesco «banco malo» con aval público, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Y esta quedó encargada de absorber los inmuebles, suelo y préstamos resultantes de la inflación de los precios inmobiliarios en el balance de los bancos con mayores problemas de solvencia. La descarga de los activos inmobiliarios ha convertido a la SAREB en la mayor inmobiliaria del continente, acumulando un enorme stock de viviendas, promociones a medio terminar y suelo urbanizable, que obviamente no servirá para paliar el grave déficit de vivienda pública del país, así como tampoco los problemas del medio millón de familias desahuciadas desde que empezara la crisis. De hecho, la reestructuración bancaria no sólo se ha producido en provecho de los grandes bancos y aseguradoras españolas que participan la sociedad hasta un 49 %, sino en una clara línea de continuidad con lo que constituye el núcleo de la especialización económica del país. El stock de activos en manos de la SAREB ha sido concebido como un la primera bolsa de valores para el próximo ciclo inmobiliario financiero. La venta de los paquetes «saneados» a grandes operadores financieros apunta a lo que podría ser el perfil de los operadores inmobiliarios en un futuro.

Aunque de momento resulte algo más que dudoso que se pueda relanzar una burbuja inmobiliaria con el alcance y escala de la precedente, la doble pinza del rescate bancario y de la presión sobre la deuda pública española, ha impuesto al gobierno, según el guión previsto, una continua y obligada política de austeridad. La quiebra fiscal anudada al recorte del gasto público ha producido uno de las gráficas más deprimentes y características de la política económica en el continente. La deuda ha funcionado en este terreno como un gendarme más eficaz que cualquier fuerza militar. Desde 2012, la principal partida de gasto del Estado corresponde al pago de la deuda pública; esta ha escalado posiciones hasta sumar 40.000 millones en pagos directos en 2013, una cifra similar a casi el 4 % del PIB español, y tres veces mayor a la de 2007. La parte más sensible de los recortes no se ha producido, sin embargo, a cargo del Estado central, cuanto de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En demasiadas ocasiones, estos últimos, extremadamente dependientes de los ingresos fiscales ligados a la construcción y el valor patrimonial, así como de unas transferencias más bien parcas por parte del Estado y las Comunidades, han entrado en una situación de quiebra técnica. A fin de evitar lo que podría ser un verdadero colapso de este nivel institucional, el gobierno ha preparado una reforma de las administraciones locales que limita su autonomía y las somete de forma todavía más estrecha a los niveles administrativos superiores.

Aun más sensible es incluso la situación de las Comunidades Autónomas en tanto de estas dependen las principales partidas del gasto social: la educación, la sanidad y los servicios sociales. De hecho, entre 2009 y 2013 el gasto autonómico en educación se ha reducido en un 12 %, al mismo tiempo que lo hacía en un 9 % el dedicado a la protección de la salud. Por contra, durante el mismo periodo, los pagos de la deuda de las administraciones regionales se multiplicaron por tres, hasta sumar cerca de otros 20.000 millones (un 2 % añadido del PIB) en el último año. Sin llegar a la caótica situación de Grecia, los recortes repercutidos sobre las Comunidades, han llevado al cierre de servicios médicos, carreras universitarias, aulas de apoyo al estudio, centros cívicos, instalaciones deportivas, al tiempo que la situación de masificación y la penuria de medios conducía a un rápido y patente deterioro de los servicios públicos. De igual modo, la crisis de las haciendas regionales se ha llevado por delante a buena parte del tejido empresarial que dependía de las administraciones públicas. Los impagos recurrentes al sector farmacéutico, pequeñas constructoras y empresas proveedoras de todo tipo han generado, además de quiebras en cadena, un creciente descontento en sectores sociales insospechados. En términos que se aproximan a los de la «doctrina del shock», el estrangulamiento financiero no ha impedido mantener el programa de privatizaciones y externalizaciones de hospitales, laboratorios médicos, servicios sociales y empresas públicas.

Puede que dentro de un tiempo, el diktat de austeridad de 2010 se considere como un error fatal de Frankfut y Bruselas. Lo que parece claro es que para la democracia española ha supuesto una presión excesiva. Sus pilares más sólidos están ahora en cuestión. La ocupación de las plazas a partir del 15 de mayo de 2011 fue singularmente creativa a la hora de condensar el descontento en fórmulas que luego se han repetido sin descanso: «No nos representan», «Lo llaman democracia y no lo es», «PPSOE la misma mierda es». Quizás la imagen más representativa de este nuevo ciclo de protesta haya venido dada por los bloqueos masivos a los desahucios de vivienda así como los «escraches» (señalamientos públicos) a los políticos responsables, casi siempre acompañados de los gritos de denuncia contra el rescate bancario.

Pero además de la presión social, conviene no olvidar también que la quiebra de los consensos y del sistema de partidos tiene una importante dimensión de desgaste interno. La crisis ha acabado por quebrar la cohesión interna de las élites. La escalada de escándalos de corrupción y de causas interpuestas contra políticos no ha sido sólo el resultado de una mayor intolerancia de la población o de una magistratura más atenta al buen funcionamiento de la cosa pública. Ha sido consecuencia además de la descomposición a marchas forzadas de las tramas clientelares que, especialmente a nivel local, han sostenido el particular modelo de crecimiento de base inmobiliaria; un sistema que en la jerga política española ha recibido tradicionalmente el nombre de caciquismo.

La escalada de escándalos de corrupción comenzó, de hecho, antes de la crisis. Entonces se trataba principalmente de casos ligados a la especulación inmobiliaria en ayuntamientos costeros o de rápido crecimiento. La presión de la opinión pública llevó al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, a revitalizar la fiscalía anti-corrupción con la consiguiente imputación de un número creciente de cargos públicos. No obstante, la rápida contracción de la contratación pública, unida al creciente endeudamiento de las administraciones, ha aumentado la presión sobre los recursos, desatando toda clase de luchas distributivas. La ley de silencio, y con ella la paz dentro de las alianzas políticas y empresariales, se ha roto en forma de un flujo continuo de filtraciones públicas sobre corrupción, malversación de fondos, financiación ilegal de partidos y nepotismo. Los expedientes de corrupción han escalado rápidamente en la jerarquía del poder político para golpear sobre la cúpula del PP de Madrid (trama Gürtel), del PP de Valencia (caso Fabra y Monzó entre otros), de CiU en Cataluña (caso Millet), del sindicato UGT en Andalucía... La cadena de imputaciones alcanzó a finales de 2012 a la propia dirección nacional del PP, cuando se supo que su tesorero, Luis Bárcenas, previamente imputado, había estado pagando sobresueldos a los principales dirigentes del partido, incluido el propio Mariano Rajoy, con dinero procedente de las grandes constructoras del país. El mani pulite en España ha afectado a prácticamente todos los partidos con responsabilidades de gobierno, y este se ha convertido en el principal elemento del descrédito del régimen.

Según un camino no excesivamente original, la crisis económica se ha convertido así en crisis política; y esta ha avanzado a una velocidad prodigiosa si se compara con los años previos, erosionando la legitimidad de los arreglos de la Transición española, así como el modelo económico inscrito y dependiente del encaje europeo. La crisis de autoridad del Estado tocó fondo seguramente el 19 de julio de 2012, cuando la convocatoria de una gran manifestación de funcionarios en Madrid, en protesta por los recortes de sueldo, se acompañó del autosabotaje de las unidades móviles de los antidisturbios que amanecieron con las ruedas reventadas. Desde ese verano, la participación de los cuerpos de policía, así como de los bomberos y otros empleados públicos en las manifestaciones de protesta ha sido recurrente. Este marco complejo de factores y de agentes implicados explica que la crisis política haya penetrado bastante más allá de las capas superficiales.

Hay, no obstante, un último elemento que requiere de algo más de atención en tanto muestra la quiebra del bloque social que durante décadas permitió mantener tan altos grados de consenso. La explicación está de nuevo en el 15M, concretamente en el perfil de sus protagonistas. En casi todos los análisis de la composición social del movimiento se apunta un elemento común: corresponde con un adulto joven, muchas veces con estudios universitarios, en paro o con empleos precarios, que cuando trabaja en demasiadas ocasiones lo hace en ocupaciones que no tienen relación con su formación. Todo parece apuntar a que el factor que permitió la rápida irradiación de la protesta así como la simpatía de la mayoría de la población, reside en un viejo elemento de la sociedad de clases, aun cuando esta no se reconozca como tal. Los chicos y chicas de las plazas eran fundamentalmente los hijos de la clase media que durante décadas han servido de soporte social y cultural de los arreglos de la Transición. En este sentido, el bloqueo de los principales medios de comunicación y de la clase política a la hora tanto de entender el movimiento como de poder absorberlo o reprimirlo, descansa precisamente en que este no se ha producido en la periferia de la formación social española, sino en su mismo centro. Su protagonista: una generación nacida en las décadas de 1970 y 1980, beneficiaria de la democratización de la Universidad, que se ha preparado para renovar los cuadros políticos y profesionales del país, pero cuyas expectativas profesionales se han visto sistemáticamente truncadas. Durante las últimas dos décadas, España ha conseguido liderar los rankings europeos de temoporalidad laboral, desempleo juvenil y edad de emancipación. Cerca de treinta años lleva a un joven español irse del hogar familiar. La marginación laboral y profesional corresponde con una suerte de prolongación del estadio liminal de la juventud.

Desde 2008, en efecto, la quiebra de las muletas financieras de la clase media ha descubierto por fin la fragilidad de sus soportes: la devaluación de los títulos universitarios, la erosión del empleo profesional sometido a subcontratación y la devaluación del empleo público. Para estos segmentos sociales, la crisis ha sido una seria advertencia de que su reproducción ya no está garantizada. Para el resto de la población implica un hundimiento aún mayor en la vulnerabilidad. La politización de una clase media desclasada y relativamente joven no deja de apuntar, sin embargo, a la posibilidad de alianzas sociales antes imprevistas.

La posibilidad de una nueva constituyente

A pocos días de las elecciones europeas, uno de los consejeros de la principal empresa de gas del país, comentaba: «Si el país lo necesita vería con buenos ojos una gran coalición de gobierno: un Ejecutivo del PP apoyado por el PSOE, o al revés». La declaración no hubiera tenido mayor impacto si no fuera porque se trataba de Felipe González, el mismo que sostuvo toda su carrera política sobre la oposición a la derecha popular postfranquista. Los vientos de una Große Koalition han empezado a batir las ventanas del bipartidismo español. La necesidad de aventurarse en la reforma –que necesariamente tocará la Constitución– viene impuesta cada vez más por la rápida descomposición del sistema de partidos.

Hasta ahora, no obstante, si el gobierno de Mariano Rajoy ha destacado en algo es por sus ausencias. La identificación de toda exposición con desgaste electoral, le ha llevado a reducir las apariciones públicas a lo mínimo imprescindible. Consciente de que el coste principal lo está pagando el PSOE, se ha limitado a cumplir con las reformas que le exigía la Comisión Europea así como a hacer recurrentes guiños a su electorado más conservador, como el nuevo proyecto de ley que limita el derecho al aborto. Buscar resguardo y esperar a que la tormenta escampe parece ser la máxima del presidente. Pero esta no puede ser una opción permanente: la reforma — como en los años setenta — parece una exigencia impuesta por la coyuntura.

La abdicación del rey y la posterior coronación de Felipe VI, un acto casi burocrático en el que las pompas y el boato regio se han visto rápidamente subordinados a la urgencia, ha marcado el primer punto de la reforma institucional acordada por los dos grandes partidos. El segundo parece pasar por un nuevo arreglo con Cataluña que integre de nuevo a las élites del nordeste en el conjunto del Estado. El tercero será, probablemente, alguna forma de referéndum o pleibiscito sobre el nuevo texto constitucional que tendrá que venir avalado por una amplia mayoría parlamentaria. En este terreno, el PSOE parece haber sido el primero en reaccionar. Durante el mes de julio, la convocatoria de unas inusuales primarias, dio la dirección del partido al joven líder Pedro Sánchez. Aunque de los tres candidatos que se presentaban este era claramente la «opción del partido», tanto en su estilo como en su retórica se presenta como una opción de regeneración interna que toma nota de muchos de los elementos de crítica del 15M. Su declarado federalismo y su declarada apuesta por la «regeneración democrática» así lo confirman.

La ventana de oportunidad de lo que ya se conoce como Segunda Transición está, no obstante, empotrada en el mantenimiento de las expectativas de recuperación. La economía del país ha reaccionado según se esperaba cuando se levantó el pie de la presión financiera relajando los costes del endeudamiento. El anuncio de Draghi de que el grueso del ajuste bancario se ha resuelto, ha aproximado al BCE a cumplir con las funciones tradicionales de un Banco Central: nuevas rebajas de tipos de interés y compra de bonos de deuda pública. Asimismo, la deflación salarial ha devuelto competitividad y capacidad a la principal industria del país después de la promoción inmobiliaria: el turismo. Desde mediados de 2013 se ha detectado una clara salida de la zona de recesión.

El problema, sin embargo, es que este crecimiento no alcanza a crear empleo en una economía que acumula seis millones de parados, uno de cada cuatro activos. De otro lado, la presión de una deuda pública, que en 2014 superará el 100 % del PIB –siete años antes no alcanzaba el 40 %–, no va a dejar mucho margen a las políticas de corte expansionista. Todo apunta, por lo tanto, a que los recortes sobre el gasto público, las privatizaciones y el desmontaje paulatino del paupérrimo sistema de bienestar español serán la norma en los próximos años.

¿Hay en este contexto alguna posibilidad de que la desafección institucional de una parte creciente de la población se disuelva en una improbable recuperación económica? El tratamiento de shock que las finanzas europeas han aplicado sobre el continente ha tenido unos impactos que distan de ser temporales. Para España ha supuesto la disipación del espejismo europeo como horizonte civilizatorio. La Unión Europea ha aparecido descarnada como un esqueleto institucional plegado a los intereses financieros. De una forma aún más profunda, ha mostrado las fracturas en el bloque central de la formación social española, sus clases medias, sostenidas hasta hace bien poco por el apalancamiento inmobiliario y el acceso al crédito. Se trata, parece, de algo más que un arañazo.

Ceñidos a una horma tan estrecha como para no salirse del balanceo entre una modesta recuperación económica y el estancamiento a largo plazo, los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2014 tienen una lectura todavía incierta pero que apunta tanto a la desafección institucional como a la búsqueda de alternativas políticas. En clave exclusivamente doméstica, las elecciones han mostrado un creciente hartazgo con el régimen. Y de una forma que todavía es más difícil de calibrar, han empezado a resolver el enigma de cuál podría ser la traducción política del 15M. La primera opción electoral, que de una forma consistente ha representado la oleada de movilizaciones sociales desplegada desde 2011, Podemos, ha obtenido el 8 % de los votos, casi lo mismo que la tradicional formación progresista (Izquierda Unida), heredera del PCE. Las encuestas realizadas desde entonces le otorgan un fuerte crecimiento, con unos resultados que a partir de mayo saltaron al 15 % y que con la escalada de escándalos de corrupción del otoño han puesto a Podemos en una horquilla que se sitúa ya en torno al 20-22 % en los escenarios más pesimistas y el 26-28 % en los más optimistas.

La progresión de Podemos, catapultada en buena medida por la sencillez de su discurso dirigido contra la corrupción, la clase política (la «casta» en su particular argot) y el régimen de la Transición, no ha sido pasada por alto para el establishment político y mediático. Su presentación como alternativa al régimen ha generado un pequeño movimiento sísmico con efectos a distintas escalas.

Si bien es demasiado pronto para prever cual será su impacto a medio plazo, la originalidad de Podemos parece residir en que no se trata de una formación izquierdista tradicional. Su nombre, similar al «yes, we can» de Obama, se debe a la principal consigna del movimiento contra los desahucios, «Sí se puede». Los protagonistas y la escenografía de esta formación, cuyo presupuesto de campaña ha sido ridículamente bajo (110.000 euros), son una representación casi exacta del desplazamiento del protagonismo social, y ahora también político, del país. Tanto Pablo Iglesias, líder público de la formación, como buena parte de sus compañeros son profesores universitarios sometidos a la precariedad laboral impuesta, antes del diktat de austeridad, por las políticas de desmantelamiento de la Universidad pública. La iniciativa de crear esta formación, durante el otoño de 2013, procedió de la asociaciones de la izquierda universitaria en las que estos participaban. Otro elemento importante es que la construcción del liderazgo de Pablo Iglesias se levantó inicialmente a través de los programas de tertulia política emitidos por Internet que él mismo moderaba y cuya difusión se produjo fundamentalmente a través de las redes sociales, esto es, al margen de los grandes grupos de comunicación y en el mismo terreno de construcción de nuevas esferas públicas que sirvió al estallido y posterior desarrollo del movimiento 15M. Sólo una vez consolidada su posición en esa parcela de los new media, los líderes de Podemos pudieron saltar a los medios convencionales.

No obstante, quizás el aspecto más original de Podemos reside en su propia hipótesis de inspiración «populista». Esta arranca de una lectura de la crisis política española en la que la tendencia a la descomposición del régimen impresa por la irrupción del 15M y la creciente erosión de su legitimidad, se constataba en la total ausencia de palancas electorales adecuadas. Como se ha visto, el PSOE es parte principal de la propia estructura de poder político en el país e Izquierda Unida es también percibida, tanto por razones generacionales como de estilo político, como un elemento integrante del régimen. Para los promotores de Podemos, la exploración de este vacío electoral que abría la crisis se debía articular a partir de una retórica que expresara no tanto los valores tradicionales de la izquierda, como los elementos puestos en juego por el 15M: el rechazo de la clase política y del bipartidismo, la reivindicación democrática y un programa social de salida de la crisis.

Por último y de una manera que se puede adivinar por la reivindicación del término «populismo», la hipótesis de Podemos se ha alimentado principalmente de la reciente experiencia latinoaméricana. Tanto por razones culturales como debido a que muchos de los líderes de la formación han trabajo en la región como consultores de estos gobiernos, el conocimiento de las constituyentes de Ecuador, Bolivia y Venezuela ha dibujado, de acuerdo con una imaginación excesivamente ceñida a la politología — las figuras más representativas del grupo son politólogos —, una trayectoria posible también para España. De hecho, muchos de los aspectos del estilo de Podemos han tratado de reproducir los elementos más exitosos del laboratorio latinoamericano: la búsqueda de una continua presencia mediática, la construcción de liderazgos fuertes, una retórica basada en la repetición machacona de mensajes que ya han sido socializados en la población por los movimientos sociales. Incluso su forma de organización, basada en la constitución de asambleas «populares» se ha articulado bajo el mismo nombre del chavismo, «círculos».

No obstante, como todo fenómeno emergente en el marco de una situación de crisis prolongada, Podemos no deja de ser un proceso complejo y contradictorio. La creación de cerca de mil círculos, que se extienden hasta casi el último rincón del país en apenas seis meses, ha trasladado dentro de la formación, la experiencia asamblearia que se organizó tras las acampadas del 15M. De una forma más madura que en sus primeras formulaciones, la consolidación de este nuevo espacio político está tratando de ensayar lo que podrían ser futuros experimentos de cambio institucional. La irrupción de Podemos se ha acompañado también de otros procesos políticos que parecen apuntar a las elecciones municipales de mayo de 2015 como espacio de intervención; plataformas «ciudadanas» participadas por los movimientos sociales y las agrupaciones de izquierda en proceso de reconversión. Estas ya han encontrado su propia cabeza en el liderazgo mediático de la portavoz del movimiento contra los desahucios, Ada Colau, ahora convertida en promotora de una candidatura al ayuntamiento de Barcelona.

En gran medida en respuesta a esta complejidad, la organización interna de Podemos ha experimentado un rápido proceso de verticalización y creciente burocratización, típicamente asociado a los partidos políticos mayoritarios, que tiende a liquidar la riqueza del ecosistema de movimientos post-15M que lo alimentó en un principio. Dentro de un contexto complejo y heterogéneo, entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, se celebró la asamblea constituyente de Podemos. A través de mecanismos de voto digital de inscripción libre, pero por medio mecanismos de voto aprobatorio, la nueva ejecutiva de Podemos ha quedado constituida de forma monocolor por los allegados al grupo promotor, al tiempo que Pablo Iglesias era encumbrado por abrumadora mayoría a la condición de secretario general. El mismo sistema se ha aplicado también a los órganos de dirección local (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) con resultados menos claros. Sea como sea, la nueva organización del partido se asemeja cada vez más a la de las organizaciones políticas convencionales, lo que inevitablemente hace de los círculos meras comparsas electorales a modo de main -de- ouvre de las campañas.

A caballo también del crecimiento sostenido en las encuestas electorales –no olvidemos que Podemos depende fundamentalmente del efecto performativo de las mismas– el discurso de sus portavoces ha ido virando en una dirección de creciente moderación. Si durante la campaña en las europeas, el discurso de Pablo Iglesias fue fundamentalmente de “ruptura”, lo que incluía una clara apelación a un proceso constituyente y el impago de la deuda, en los últimos meses estos mensajes, sin desaparecer, han sido progresivamente desplazados por otros más propios del «centro izquierda»: políticas de empleo, negociación de la deuda, reformas parciales. La nueva orientación se explica en los términos de su dirección como la necesidad de ocupar la «centralidad social», lo que paradójicamente implica al mismo tiempo renovar y desviar el recuerdo de voto y la hegemonía cultural del PSOE en la democracia española. Se trata de movimientos congruentes con la condición del núcleo ejecutivo y estratégico de la dirección (dominado por politólogos) y con una estrategia específicamente diseñada para conquistar la mayoría electoral en un único asalto. En este terreno, la virtud del discurso no descansa en su capacidad de articular un proyecto político consistente, como en sus efectos, de nuevo performativos, en términos electorales.

Sin duda, no son pocas las debilidades de una hipótesis, que renuncia a construir una organización democrática y que a la postre tiende a descansar sobre este «terreno aparentemente de nadie» que son los grandes medios de comunicación. Aún en caso de éxito electoral, cabe suponer las enormes dificultades que Podemos tendrá que superar para impulsar un proyecto de cambio político, sin apoyos sociales extensos y claramente movilizados. La posibilidad obvia de absorción o de integración de un partido levantado con semejantes mimbres resultan evidentes, y en este sentido parece que están trabajando durante los últimos meses sectores del PSOE, favorables a una posible alianza de gobierno, y del pull mediático Prisa, que ha ido incluyendo en el periódico El País, al lado de artículos críticos, otras firmas más favorables.

A la espera de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y las generales de noviembre de este mismo año, el corrimiento de tierras ligado a la sucesión de nuevas formaciones partidarias, alianzas políticas y bruscos cambios de las expectativas electorales serán seguramente la tónica dominante. Sea como fuere, parece que la línea de tendencia de la crisis española apunta hacia una reforma constitucional, aunque sólo sea para dar solución al problema catalán. Queda por determinar si esta caerá más bien del lado de la regeneración del régimen o de una todavía indefinida alianza liderada por las nuevas fuerzas políticas. Para estas últimas, la oportunidad depende de la capacidad de galvanizar detrás de este proyecto a una parte creciente del electorado, al tiempo que desplazan la posición de IU y de un PSOE cada vez más desgastado.

La correlación de fuerzas que podría inclinar la balanza en un sentido progresivo y de profundización democrática se complica además por el complejo puzzle territorial español. En el punto más crítico, Cataluña, y aún con cierto retraso, Podemos ha terminado por irrumpir en las encuestas con una posición en absoluto desdeñable, que le parece consolidar por encima del PSC y en disputa con CiU y ERC. En ausencia de mayorías suficientes, también aquí la acción de Podemos tendría que coaligarse con los nacionalistas de izquierda para forzar un desbloqueo de la reforma constitucional, máxime cuando en Cataluña ha sido el embrión de otra fuerza de futuro: Ciutadans / Ciudadanos. Esta formación creada en 2006 por un grupo de intelectuales catalanes anti-nacionalistas y liderada por el joven Albert Rivera se ha consolidado en los últimos años, hasta el punto de convertirse en una fuerza política a nivel de Estado. Con una apelación específica a las clases medias (a su crisis) y un proyecto de moderación y regeneración democrática aspira a convertirse en el nuevo centro derecha, en competencia con parte del electorado del Partido Popular. Su defensa de un nacionalismo “constitucionalista español”, frente a los nacionalismos vascos y catalán, parecen proyectarle también como una opción posible de reemplazo político.

También en el País Vasco y Navarra, Podemos ha terminado por aparecer como una fuerza política relevante, que en algunas encuestas le acercan en resultados al histórico PNV, al tiempo que se descalabra el también histórico socialismo vasco. También aquí también resultará difícil sortear el apoyo del nacionalismo de izquierda, principalmente de Bildu (heredero de HB), caso de que se quiera buscar una solución progresiva a la democracia española. Las contradicciones para Podemos son en este terreno las mismas que en Cataluña, en tanto los posibles acuerdos con los nacionalistas de izquierda no se podrán efectuar antes de las elecciones, al menos si no se quiere pagar un alto coste político en el resto del país. De hecho, el recuerdo de ETA, recurso ampliamente utilizado en la política española y en la legitimación constitucional en los últimos treinta años, ha sido empleado recurrentemente como crítica a Podemos, y en general a los nuevos movimientos nacidos en el 15M. Aunque desgastado sigue siendo un elemento nuclear de la política española.

Siendo un “producto” principalmente madrileño, protagonizado por una clase media en descomposición, o si se prefiere por ese segmento juvenil profesional precarizado, uno de los efectos políticos más sorprendentes de Podemos es su transversalidad social y territorial, congruente con su definición populista. Podemos no sólo ha conseguido tener un lugar protagonista en territorios difíciles como Cataluña y el País Vasco, y también en Galicia, sino en las regiones de mayor tradición industrial como Asturias o de proyección económica más reciente, como Aragón. En ambas Comunidades Autónomas, con una sólida trayectoria de gobiernos locales de izquierda, muy erosionados sin embargo por la nueva situación de crisis y el clásico cuadro de redes clientelares y corrupción, Podemos ha irrumpido como posible primera fuerza. Menos recorrido parece tener en los comunidades, donde los cortes de edad y la relación población urbana / rural, son menos favorables a Podemos. Es el caso de la España interior, de mayoría rural y muy envejecida, como Castilla y León, o también, pero por otros motivos, de Andalucía. Con cerca de 8,5 millones de habitantes, Andalucía es la primera comunidad autónoma por tamaño de población y parece que también el punto de resistencia electoral del PSOE, principalmente gracias a sus mayorías en las poblaciones medias que salpican la campiña del Guadalquivir y el Genil, centros de lo que fue el proletariado rural andaluz.

De todos modos, el elemento determinante de esta disyuntiva, esta sin duda en la profundidad del suelo a la descomposición del régimen, o lo que es lo mismo, en su capacidad de regeneración. Si se prefieren los términos gramscianos, el arte de la adivinación política reside hoy en averiguar cual será el momento en el que la actual guerra de movimientos pase a la fase más controlable de la guerra de posiciones propia de las «situaciones normales» y de los Estados con una sociedad civil desarrollada. A estos efectos conviene recordar que aún a pesar de la deslegitimación del sistema de partidos español, tanto los aparatos de Estado, como la posición de las élites económicas y de sus aliados europeos están básicamente intactas. Sea cual sea la evolución y el resultado de esta constituyente, y al igual que ha sucedido en Grecia con el crecimiento electoral de Syriza, las consecuencias a buen seguro no quedarán ceñidas al laberinto español.